Sociedad civil y actores locales reclaman que la Unión Europea sitúe los derechos sociales en el centro de la nueva agenda política europea

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y el consorcio Cataluña Internacional han organizado un nuevo debate Europa Social con el título ‘Los derechos sociales en el centro de la nueva agenda europea: reforzando la incidencia de la sociedad civil y los gobiernos locales y regionales’, en colaboración con la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Fundación Pere Tarrés – Universidad Ramon Llull. Este año, este ciclo, ha reunido a personas expertas de diversos organismos (locales y europeos) y de diferentes territorios (Alemania, Bélgica, Italia y Cataluña) que han analizado los límites y los logros de la agenda social europea de la última legislatura y que sobre todo han debatido sobre las prioridades sociales del nuevo ciclo 2024-2029.

En un contexto de crisis de las desigualdades y debilitamiento de los sistemas de bienestar y de impacto social de la emergencia climática y de los conflictos bélicos, la lucha contra la pobreza y la exclusión es una prioridad. El 21% de la población de la Unión Europea (más de 94 millones de europeos) está en riesgo de pobreza o exclusión social, según los últimos datos de Eurostat. España es el tercer estado de la UE con mayor tasa de pobreza o exclusión, por detrás sólo de Rumanía y Bulgaria. También es prioritario la defensa y garantía de los derechos humanos en plena irrupción social e institucional de populismos de extrema derecha.

“Debemos construir alianzas de abajo hacia arriba, entendiendo a Europa como el lugar donde hacerlas efectivas porque, en Cataluña, tenemos cinco retos que compartimos en el ámbito europeo: la lucha contra la pobreza y la exclusión, el acceso a una vivienda digna, la soledad no deseada, la salud mental y la promoción de la autonomía de las personas con dependencia”, ha apuntado Enric Morist, presidente de la Mesa de entidades del Tercero Sector Social de Cataluña. “El contexto actual es muy volátil y todas las democracias, no sólo las europeas, deben hacer fuente. Europa tendrá que decidir si sale más fuerte o más débil y esto dependerá de si es capaz de impulsar políticas que mejoren la vida de las personas”, ha afirmado Laura Foraster, directora general de Catalunya Internacional. «Las universidades compartimos con las entidades del tercer sector un mismo objetivo: la transformación social porque nuestra obligación es abrir los ojos a la complejidad», ha expuesto Josep Antoni Rom, rector de la Universidad Ramon Llull, en la bienvenida institucional.

La agenda política de la UE para los próximos 5 años
En esta nueva legislatura, el nuevo Parlamento Europeo y la nueva Comisión Europea tendrán que abordar políticas sociales tan esenciales como la creación de la primera Estrategia Europea Anti-Pobreza, el primer Plan de Acción europeo para la Vivienda Accesible, enfocado al apoyo a los Estados miembros; y un Plan de Acción para el desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, además de dar respuesta a retos fundamentales para el tercer sector social como la economía circular, la inclusión sociolaboral y el impulso formativo, salud preventiva y salud mental, y desinformación y verificación. Sobre la mesa, también deberá afrontar temas candentes como el desarrollo del Pacto Europeo de Migración y Asilo (particularmente relevante en cuanto a la consolidación de la llamada ‘solidaridad a la carta’ o las relaciones con terceros países para evitar entrada de población de origen migrado dentro de las fronteras de la UE), del Reglamento europeo sobre inteligencia artificial (una normativa sin precedentes que todavía presenta retos para la garantía de derechos humanos y la participación efectiva de la sociedad civil en su implementación), y del Plan de adaptación al cambio climático (una cuestión importante para el tercer sector social porque los impactos de la crisis climática tienen mayor efecto entre las comunidades más vulnerables).

«En el último Eurobarómetro, el 33% de la población europea dice estar preocupada por la pobreza y la exclusión y el 32% por la salud pública, ¿cómo estos temas ocupan la agenda política europea?» ha planteado Carlos Susías, presidente de EAPN ES y EAPN (la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión). Susías ha alertado de que «las políticas sociales no están de moda justo en un momento en que el Parlamento Europeo tiene menos presión que nunca para impulsarlas» y ha alertado de que la previsión es que «no haya más dinero, que se gaste más en defensa y que no se aumenten impuestos”. En cuanto a los discursos de odio, Ana Martínez, responsable de proyectos de la red Da Migra, que acompaña a mujeres migradas a Alemania ha alertado de la influencia de estas ideas discriminatorias y estigmatizadoras. «En el debate político se están jerarquizando las personas migradas según si son «buenas» o «malas» sin tener en cuenta su plena inclusión». Una idea que debe reforzado Bàrbara Mitats, responsable de programas y servicios federativos de Salut Mental Catalunya. «Las entidades sociales podemos dar herramientas y estrategias a las personas a las que acompañamos pero, si queremos avanzar, debemos construir una sociedad libre de estigmas, discriminación y violencias».

En la clausura institucional, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha planteado redoblar los esfuerzos en inversión social y ha remarcado que la apuesta del Gobierno en materia social está alineada a la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales en la nueva legislatura comunitaria. “La agenda social europeo debe reforzarse desde todos los países de la Unión Europea. Pilar contiene acciones como poner en marcha la primera estrategia de lucha contra la pobreza, abordar los cuidados de larga duración en unas sociedades europeas cada vez más envejecidas e implementar la garantía infantil europea”.

El papel de la sociedad civil y los gobiernos locales y regionales

La sociedad civil y los gobiernos locales y regionales reivindican poder participar en la definición de la agenda política y social europea e implicarse de forma activa no sólo en la toma de decisiones sino también en la ejecución de las políticas públicas. «Hay que empoderar a las organizaciones y las redes antirracistas, incluir su voz en todas las políticas sociales y reforzar los elementos de supervisión y denuncia dentro de las políticas públicas», ha argumentado Danijel Ćubelić, vicepresidente de la Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo (ECCAR ). “Sobre el papel hay estructuras para garantizar la participación de la ciudadanía, la cuestión es que la su opinión se tenga realmente en cuenta y tenga un rol significativo, no sólo de consulta” ha apuntado Maria Nikolopoulou, vicepresidenta del Grupo de Igualdad y de la sección NAT (agricultura, desarrollo rural y medio ambiente) del Comité Económico y Social Europeo ( CESE).

Desde el territorio, los actores locales han demostrado ser fundamentales para asegurar no sólo la sensibilización de la ciudadanía sobre el proyecto europeo, sino también por la efectividad en la implementación de sus políticas: desde los fondos Next Generation hasta la gestión de los fondos estructurales , pasando por la lucha contra la desinformación y la polarización o el refuerzo de la efectividad de las instituciones democráticas.

Así lo ha recordado Hamza Bennis, responsable de trabajo, digitalización y servicios públicos del Consejo Europeo de Municipios y Regiones (CEMR) “La cohesión social comienza con los gobiernos locales y regionales, que son los que están más cerca de las personas que implementan el 70% de la legislación europea. El sistema de gobernanza europeo sólo será posible si todos los niveles son escuchados y tenidos en cuenta en el desarrollo de las políticas públicas y si esta tarea se amplía. incorporando actores públicos y privados”. La muestra de esta colaboración público social la ha ejemplificado Raffaella Scalisi, coordinadora de relaciones internacionales y proyectos estratégicos de Torino Social Impact (Italia). de impacto, hemos podido articular alianzas con actores diversos (públicos, privados, sociales y academia) a nivel territorial, con más de 340 actores involucrados”. Pilar Muro, profesora de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna-Universitat Ramon Llull (URL), ha puesto de relieve la implicación de las universidades en esta colaboración público social. debemos implicar, desde la investigación y la academia, sumándole para abrir diferentes vías que den respuesta a las necesidades de las personas [en situación o riesgo de exclusión social]”.