La Taula del Tercer Sector Social: «Celebramos el traspaso del IMV, a pesar del retraso, y reclamamos apretar el acelerador para revertir la pobreza severa en Cataluña»
Es importante para asegurar una coordinación correcta entre las dos prestaciones sociales (el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía).
La Taula de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña -que representa a 37 federaciones que aglutinan a más de 3.000 entidades sociales catalanas que defienden los derechos sociales y trabajan por la inclusión y cohesión social- celebra el acuerdo de traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital a la Generalitat de Cataluña, aunque llegue con retraso. Hay que recordar que hace prácticamente tres años que las entidades sociales reclaman que se haga efectivo este traspaso.
Las entidades sociales aseguran que el traspaso es importante para asegurar una coordinación correcta entre las dos prestaciones sociales que en Cataluña garantizan unos ingresos mínimos a personas en situación de máxima pobreza: el ingreso mínimo vital (IMV, gestionado por el gobierno español) y la renta garantizada de ciudadanía1 (RGC, gestionada por el gobierno catalán). Así pues, las dos ayudas tienen el mismo objetivo (asegurar unos ingresos mínimos para la cobertura de necesidades básicas), tienen como destinatarias a las mismas personas (personas en situación de máxima pobreza), pero tienen condiciones de acceso diferentes y los procesos de solicitud deben hacerse en dos ventanas administrativas diferentes. «Hasta ahora, esto ha supuesto disfunciones y un vía crucis administrativo para las personas que necesitan acceder a ellas porque no pueden hacerlo de manera rápida y ágil, a pesar de encontrarse en una situación de máxima vulnerabilidad» argumenta la Taula.
La Taula cree que el anuncio de una gestión unitaria e integrada de las dos prestaciones es un paso adelante para avanzar hacia una ventanilla única de acceso a las dos ayudas, pero que no es suficiente. «Tenemos que conseguir armonizar criterios de acceso a las dos prestaciones sociales, simplificar los requisitos y los canales de acceso y una coordinación e intercambio de información más eficiente entre las dos administraciones».
La Taula considera que este acuerdo debe servir también para reducir el tiempo de espera. «El ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía se dirigen a personas en situación de máxima vulnerabilidad social y 66 días siguen siendo demasiado tiempo para dar respuesta a una necesidad de urgencia». Según el Departamento de Derechos Sociales, el plazo de resolución es ahora de 66 días para la RGC y de 141 para el IMV.
Para la Taula del Tercer Sector Social, el traspaso también es una oportunidad para aumentar el grado de cobertura del ingreso mínimo vital (Cataluña es uno de los territorios del Estado con una cobertura más baja, sólo del 8,6%, según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, mayo de 2024); y para mejorar la renta garantizada de ciudadanía2 (con los recursos estatales para el IMV, la Generalitat podría aumentar la cuantía y la cobertura de la renta garantizada de ciudadanía a colectivos en situación de extrema vulnerabilidad que aún siguen quedando fuera).
La Taula recuerda que es crucial el papel de los agentes territoriales, como las entidades sociales, porque conocen la realidad y las necesidades de las personas. Por esta razón, pide que la Comisión de Gobierno de la Renta Garantizada de Ciudadanía (el espacio de cogobernanza y el órgano que evalúa y hace el seguimiento de la aplicación de la prestación) participe en la comisión de seguimiento paritaria del IMV para velar por el correcto despliegue de las dos prestaciones.
A partir de ahora, con la formalización del acuerdo, la Taula del Tercer Sector Social pide al Gobierno en funciones que acelere al máximo los términos de este traspaso y al futuro ejecutivo que se marque como prioridad el desarrollo del acuerdo en sus primeros 100 días de Gobierno. «Es primordial mejorar el acceso a estos derechos sociales para conseguir reducir la bolsa de pobreza severa que desde hace años se ha cronificado en Cataluña y que afecta al 8,9 de la población catalana», según la última Encuesta de Condiciones de Vida de IDESCAT (febrero de 2024). También reclama que el Parlamento reanude de forma urgente la tramitación de la Proposición de ley de modificación de la renta garantizada de ciudadanía, que quedó paralizada con la convocatoria de elecciones.
